Los ciudadanos firmantes expresamos nuestro profundo rechazo por las fallas logísticas significativas de la ONPE en la organización del proceso electoral de 12 de abril. Estos hechos constituyen una afectación directa a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Perú: el derecho al sufragio.
Siendo la única función de la ONPE la organización de procesos electorales, y teniendo el tiempo y los recursos necesarios, es inaceptable que decenas de miles de ciudadanos no hayan podido votar. Resulta imprescindible garantizar que los procesos electorales, especialmente en una eventual segunda vuelta, se desarrollen con absoluta transparencia y sin cuestionamientos.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es el órgano constitucional competente para sancionar, mediante procesos disciplinarios, las faltas graves en el ejercicio de funciones públicas.
Por ello, exigimos a la JNJ:
El inicio inmediato de una investigación formal sobre los hechos ocurridos.
La destitución del jefe de la ONPE.
Esta petición no responde a intereses políticos, sino al legítimo derecho de los ciudadanos de exigir instituciones eficientes, transparentes y responsables.
Firma y exige responsabilidad.
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