El Proyecto de Ley 9975/2024, presentado por la congresista Susel Paredes, busca incorporar al Código Penal el artículo 289-A en el que sanciona con severas penas de cárcel a quienes expresen cualquier opinión contraria a la vacunación obligatoria. Este proyecto constituye una grave amenaza al derecho a la libertad de expresión imponiendo penas de entre cinco y ocho años de prisión, según las circunstancias, a quienes:
- Deliberadamente instiguen o induzcan a no cumplir con la vacunación obligatoria;
- Promuevan la negativa a vacunar a menores o personas dependientes bajo su responsabilidad.
Si la “instigación” se realiza mediante medios masivos o redes sociales, las penas se agravan.
Esta disposición supuestamente “busca establecer un marco legal que disuada conductas deliberadadas de instigación o inducción al incumplimiento de la vacunación obligatoria”. También pretende regular que se “promuevan la desinformación o el rechazo a la vacunación”.
El velo de bondad aparente del Proyecto de ley 9975/2024 se cae cuando ponemos dos elementos a consideración. En primer lugar, el contexto de la reciente pandemia originada por el COVID-19 y las vacunas. La Congresista Paredes ignora por completo la información científica que hoy conocemos sobre los peligros y efectos secundarios de las vacunas y da por buena toda la gestión sanitaria ante el COVID-19 la cual es muy cuestionable. Segundo, el derecho constitucional a la libertad de expresión.
A la luz de estos dos elementos, resulta muy peligroso y desproporcionado promover una modificación del Código penal —con penas severas— para aquellos que manifiesten opinión y puedan influir en otros. Esta perspectiva alimenta el rol policial del Estado y abre las puertas a distintas amenazas contra las libertades individuales.
En efecto, este Proyecto de ley, lejos de promover una cultura de diálogo y educación en torno a la salud pública, buscar ejercer una política punitiva y restrictiva que vulnera principios básicos de nuestra Constitución:
- La patria potestad de los padres sobre sus hijos, garantizada en el artículo 6 de la Constitución.
- El derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 2, inciso 4, que protege a los ciudadanos para manifestar sus ideas y opiniones sin temor a represalias.
- La objeción de conciencia, que permite a las personas actuar conforme a sus convicciones éticas y morales.
Estamos de acuerdo en defender la salud pública y poner todos los medios proporcionales y efectivos para ello, incluidas las vacunas debidamente probadas y certificadas. Pero esto no puede hacerse a costa de derechos fundamentales. En lugar de educar y dialogar, este Proyecto de ley busca intimidar y castigar a quienes disientan en un contexto poco claro y que se presta a múltiples interpretaciones. Este tipo de medidas coercitivas solo generan desconfianza y un clima de represión en una sociedad que debería utilizar los canales democráticos y participativos para buscar el bien común.
Debemos alzar nuestra voz para frenar esta peligrosa tendencia que prioriza la coerción sobre el diálogo y la represión sobre la educación. Por ello, firma la petición y hazle saber a la Congresista Susel Paredes que como padres de familia rechazamos su Proyecto de ley 9975/2024.
