En los últimos días se han hecho públicas graves denuncias contra el sacerdote Marco Agüero Vidal, administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en Lima. Diversos testimonios señalan presuntos tocamientos indebidos ocurridos en el contexto del sacramento de la confesión.
Según la información difundida por distintos medios, cinco mujeres habrían presentado denuncias formales, entre ellas habría tres menores de edad. El caso actualmente se encuentra bajo investigación de las autoridades civiles y también ha motivado la apertura de procedimientos canónicos.
El Arzobispado de Lima emitió un comunicado oficial el 6 de marzo de 2026 (https://www.arzobispadodelima.org/comunicado/comunicado-del-arzobispado-de-lima-2), en el que señala que la institución recibió una denuncia formal el 11 de diciembre de 2025, compuesta por una carta de 29 páginas firmada por varios fieles, en la que se reportaban comportamientos problemáticos, entre ellos una acusación por “tocamientos no consentidos”. Cabe notar que el número de víctimas difundido por medios de prensa difiere del número consignado en el comunicado del Arzobispado de Lima.
Sin embargo, dicho pronunciamiento se produjo después de que el caso se hiciera público y generara conmoción en la comunidad parroquial, lo que ha dejado abiertas diversas interrogantes entre los fieles y la opinión pública.
Numerosas personas consideran que el comunicado no explica con suficiente claridad qué medidas concretas se tomaron desde que se recibió la denuncia ni cuál fue la reacción de las autoridades eclesiásticas ante la gravedad de los hechos reportados.
Cuando se trata de acusaciones tan graves, la transparencia es indispensable para proteger a las víctimas, esclarecer los hechos y evitar que la desconfianza dañe aún más a la Iglesia
En ese sentido, el Papa León XIV ha invocado recientemente a “formar, en toda la Iglesia, una cultura del cuidado”. Estas palabras reflejan el compromiso que la Iglesia universal ha asumido para enfrentar con decisión cualquier denuncia de abuso, así como la necesidad de actuar siempre con claridad y responsabilidad.
Por ello, los ciudadanos y fieles que firmamos esta petición solicitamos al Arzobispado de Lima:
Emitir un pronunciamiento público claro y detallado que explique cronológicamente las acciones realizadas desde que se recibió la denuncia en diciembre de 2025.
Informar con precisión qué medidas concretas se tomaron respecto al sacerdote denunciado y en qué fechas se aplicaron, ya que a esta preocupación se suma el hecho de que recientemente el Poder Judicial ha rechazado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público, lo que plantea nuevas preguntas sobre cuáles serán las medidas que adoptará la Iglesia mientras continúan las investigaciones.
Garantizar que las presuntas víctimas reciban acompañamiento y que sus testimonios sean escuchados con respeto y seriedad.
Asegurar la plena colaboración con las autoridades judiciales del Estado para el esclarecimiento de los hechos.
Reafirmar públicamente el compromiso del Arzobispado con la tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso.
El sacerdote en cuestión debe seguir un debido proceso en el ámbito civil y canónico.
Asimismo, diversos reportes periodísticos señalan que antes de su llegada a la parroquia Nuestra Señora de la Alegría ya se habían producido conflictos en otra comunidad parroquial donde el sacerdote ejercía su ministerio. En la parroquia San Ricardo, durante el año 2023, un grupo de fieles manifestó públicamente su descontento por su gestión pastoral e incluso se realizaron protestas solicitando su retiro. Aunque estos hechos no constituyen por sí mismos una acusación penal, forman parte del contexto conocido públicamente y refuerzan la necesidad de esclarecer con total transparencia lo ocurrido y las decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas en su momento.
Que quede claro que lo que buscamos es algo fundamental para toda institución que proclama la verdad: claridad, transparencia y justicia.
Firma la petición por el bien de la Iglesia, de las víctimas y de la sociedad peruana. Con claridad, verdad y transparencia seguiremos adelante.
