El diputado Christian Aranda está siendo duramente cuestionado por solicitar información sobre la realización de abortos terapéuticos realizados en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
Pero hay algo que los ciudadanos debemos saber: se puede pedir información para saber si se vienen aplicando las normas vigentes, manteniendo protegidos los datos personales de los pacientes.
La diferencia es fundamental. Fiscalizar un hospital público no significa vulnerar la intimidad de un paciente. La privacidad debe protegerse, pero las instituciones públicas también tienen que rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley.
Existen, además, razones para fiscalizar. El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) tuvo que modificar anteriormente un protocolo que había incluido los supuestos de violación y malformaciones dentro del denominado aborto terapéutico.
En el conocido “caso Mila”, el propio INMP proporcionó información sobre el procedimiento realizado sin necesidad de revelar la identidad de la menor.
Por eso preocupa que se intente presentar la fiscalización del diputado Aranda exclusivamente como un ataque contra una paciente. Investigar si una ley ha sido correctamente aplicada es, precisamente, una de las responsabilidades del Congreso.
No permitamos que la presión de organizaciones y activistas que promueven el aborto termine silenciando a quienes fiscalizan posibles irregularidades.
Respaldemos el pedido de información sobre aplicación de las normas del diputado Christian Aranda y exijamos al Hospital Regional de Abancay que entregue la información correspondiente, protegiendo siempre la identidad y los datos personales de la paciente.
👉 Firma y comparte esta petición. Fiscalizar el cumplimiento de la ley no puede convertirse en motivo de amedrentamiento.
