El diputado Christian Aranda está siendo duramente cuestionado por solicitar información sobre un procedimiento realizado en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
Pero hay algo que los ciudadanos debemos saber: Aranda no ha solicitado que se revele la identidad de la paciente. Ha pedido conocer qué procedimiento se siguió y cómo se aplicaron las normas vigentes, manteniendo protegidos sus datos personales.
La diferencia es fundamental. Fiscalizar un hospital público no significa vulnerar la intimidad de una paciente. La privacidad debe protegerse, pero las instituciones públicas también tienen que rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley.
Existen, además, razones para fiscalizar. El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) tuvo que modificar anteriormente un protocolo que había incluido los supuestos de violación y malformaciones dentro del denominado aborto terapéutico. En el conocido “caso Mila”, el propio INMP proporcionó información sobre el procedimiento realizado sin necesidad de revelar la identidad de la menor.
Por eso preocupa que se intente presentar la fiscalización del diputado Aranda como un ataque contra una paciente. Investigar si la ley fue correctamente aplicada es precisamente una de las responsabilidades del Congreso.
No permitamos que la presión de organizaciones y activistas que promueven el aborto termine silenciando a quienes fiscalizan posibles irregularidades.
Respaldemos al diputado Christian Aranda y exijamos al Hospital Regional de Abancay que entregue la información solicitada, protegiendo siempre la identidad y los datos personales de la paciente.
👉 Firma y comparte esta petición. Fiscalizar el cumplimiento de la ley no puede convertirse en motivo de amedrentamiento.
